Si hay algo que he visto con mucha frecuencia desde que ejerzo el derecho es que las personas que no son abogadas, pero que tienen cierta experiencia con lo jurídico, piensan que no necesitan de un jurista sino cuando existen reclamaciones legales o demandas judiciales que atender. No pocas veces he escuchado decir a comerciantes y empresarios antes de elevarnos sus consultas, con algo de vergüenza injustificada, que ellos “de derecho no saben mucho”; ante lo cual siempre respondo que así como nosotros no tenemos por qué saber de ingeniería o medicina, ellos no tienen por qué saber de derecho ni siquiera un poco, pues esta ciencia es compleja y profunda y quienes a ella nos dedicamos nunca paramos de estudiarla, al menos si pretendemos ser competentes en nuestra materia.

Así como las personas van al médico antes de enfermarse cuando les preocupa su salud, deberían consultar a su abogado antes de que sean demandadas o, igualmente, antes de que tengan que demandar a alguien que les ha incumplido un contrato o cualquier compromiso, si es que también les preocupa su patrimonio y su tranquilidad. Empezando porque siempre será mucho más costoso, estresante y preocupante contratar a un abogado para un litigio que hacerlo para una consulta en la que el abogado pueda prever las posibilidades, ajustar las negociaciones, proponer fórmulas más seguras, preparar él mismo los documentos, etc.

A continuación veremos algunos ejemplos de situaciones reales que hemos conocido en nuestra firma de abogados en relación con eventos en los que las personas y empresas se ven inmersas en problemas legales por no haber tenido una asesoría preventiva antes de proceder con la realización de sus negocios:

1. En un contrato de promesa de compraventa, que por ser un contrato usual se usa redactar a partir de minutas y modelos de internet, no se estableció la fecha, hora y lugar exacto en el que se firmaría la escritura pública de compraventa, y por esto el contrato de promesa fue afectado con Nulidad Absoluta, perdiendo nuestro cliente el dinero que había entregado como arras, y quedando en imposibilidad de demandar un incumplimiento de contrato que no existía, por lo que tuvo que acudir a otra clase de proceso más complejo y largo, como lo era el de enriquecimiento sin justa causa.
   

2. En cualquier contrato en el que se pacte una cláusula penal debe tenerse en cuenta que esta pude ser de índole resarcitoria o de índole condenatoria, y que, si nada se pacta al respecto, se presumirá que es resarcitoria por lo que no podrán cobrarse más perjuicios que los establecidos en la cláusula penal. Uno de nuestros clientes tuvo por esto que conformarse con una suma realmente baja en comparación con los perjuicios que había sufrido ante el incumplimiento de un contrato de transporte, por no haberse asesorado previamente sobre el tipo de penalidad que necesitaba, y sobre la forma correcta de redactarla.
   

3. En un contrato de prestación de servicios con un proveedor, nuestro cliente omitió redactarlo con un abogado y por esto impidió dejar suficiente claridad sobre la ausencia de subordinación que habría entre las partes, cosa que el proveedor aprovechó para demandar el supuesto incumplimiento de un contrato laboral, al que el juez accedió en protección del demandante, cuando en la realidad con un contrato bien redactado habría sido bastante sencillo demostrarle al juez que no se estaba en medio de una relación laboral, y por supuesto que no habría que haber pagado una cantidad tan elevada de dinero por la enorme cuantía de prestaciones sociales y salarios causados que, naturalmente, no fueron pagados.
   

4. El representante legal de una reconocida constructora que hemos asesorado durante años cometió el error de servirle de codeudor solidario a otra compañía de un amigo suyo, y cuando fue embargado por el incumplimiento de su amigo en el pago de una deuda manifestó que creía no poder ser atacado si antes no se intentaba embargar a su amigo; pero lo que no sabía, por falta de asesoramiento, es que eso sucede cuando se es fiador, y no cuando se es deudor solidario, expresiones que para él, lógicamente, significaban lo mismo. Por ese desconocimiento tuvo que pagar una onerosa deuda que no le pertenecía.
   

5. Ante la constitución de una S.A.S., uno de nuestros clientes, que confiaba en exceso en sus amigos que serían sus socios, prefirió ahorrarse los honorarios de un abogado que le asesorara en lo correspondiente a la redacción de los estatutos en punto del tratamiento que se daría a sus aportes en especie y dinero. Posteriormente se dio cuenta de que la administradora de la sociedad no los había contabilizado correctamente, de modo que tuvo que iniciar una larga y compleja demanda para tratar de recuperar el valor total de lo que aportó a la sociedad, pero como eso ya fue consumido su única alternativa es una indemnización de perjuicios que depende del patrimonio de la demandada, quien se ha insolventado para no pagarle. Todo por un exceso de confianza.

En este orden de ideas, una forma clara y sencilla de evitar tener que pagar altas sumas de honorarios para abogados es evitar a toda costa los conflictos judiciales o las reclamaciones derivadas de discrepancias en el cumplimiento de obligaciones jurídicas. Y para esto es más que necesario que usted como comerciante o usted como gerente de una empresa, por pequeña o grande que sea, cuenta con la permanente asesoría jurídica de sus abogados de confianza. Así reducirá notablemente las posibilidades de cometer errores en la redacción de contratos o en la toma de decisiones negociales, administrativas, tributarias o laborales. Y entonces podrá ver que la compañía de un asesor jurídico no es un gasto en el que nadie quiere incurrir, sino una inversión necesaria para su negocio, y quizá la más importante de todas.